Las alarmantes cifras de violencia de género,desmienten el discurso del gobierno
La urgencia demanda que tanto el Poder Ejecutivo como la Legislatura Nacional asuman la gravedad de la coyuntura
*Entre la retórica oficial y la tragedia diaria: las alarmantes cifras de violencia de género desmienten el discurso gubernamental*
Por [Jorge Romani]
En la Argentina contemporánea, la distancia entre el discurso oficial y la realidad objetiva parece agigantarse día a día. Mientras desde el Poder Ejecutivo Nacional, en voz del presidente Javier Milei, se sostiene de forma altisonante que su gestión logró «pulverizar» la violencia contra la mujer y que ningún otro gobierno hizo tanto por su bienestar, los datos duros arrojan una postal trágica e incontrastable que desarticula cualquier intento de triunfalismo.
Según el último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por La Casa del Encuentro, durante los primeros ocho meses de 2026 se registraron 169 femicidios y 349 intentos de femicidio. Estas cifras no representan meros indicadores estadísticos: significan la pérdida irreparable de vidas y la desarticulación de cientos de familias, dejando un saldo de 203 hijos e hijas huérfanos, de los cuales el 57% son menores de edad.
El análisis de estos números expone fallas estructurales gravísimas en el sistema de contención pública. Que apenas el 16% de las víctimas fatales haya realizado una denuncia previa no es una casualidad; es el síntoma inequívoco de un Estado ausente y de una justicia percibida como inalcanzable e ineficaz.
La desconfianza en las instituciones y la falta de mecanismos de protección expeditivos dejan a las mujeres en una situación de extrema vulnerabilidad y desamparo.
Frente a este escenario, las organizaciones de la sociedad civil han encendido las alarmas, denunciando que el problema central radica en la falta de gestión y en el vaciamiento o incumplimiento de normativas fundamentales ya vigentes.
Herramientas legislativas clave como la Ley 26.485 (de protección integral a las mujeres), la Ley Micaela (27.499), la Ley Brisa de reparación económica (27.452), la Ley de Abogados para Víctimas (27.210) y la Ley de Trata (26.364) requieren presupuesto, ejecución y voluntad política para ser efectivas, elementos que hoy brillan por su ausencia.
Tratar la violencia machista como un eslogan o pretender invisibilizarla mediante afirmaciones categóricas que la dan por "resuelta" no solo revictimiza a quienes sufren sus consecuencias, sino que obtura la posibilidad de diseñar políticas públicas eficaces.
Como advierten los colectivos de derechos humanos, la violencia de género es una problemática de Derechos Humanos y no un simple asunto de inseguridad general.
La urgencia demanda que tanto el Poder Ejecutivo como la Legislatura Nacional asuman la gravedad de la coyuntura. No se trata de crear nuevas leyes ni de apelar a narrativas efectistas, sino de hacer cumplir el marco legal existente y garantizar la presencia activa de un Estado capaz de proteger, prevenir y transformar. Ignorar los datos no hace desaparecer la violencia; solo la deja actuar en la impunidad.
