Fuentes diplomáticas reconocen que la condena ha provocado incomodidad, especialmente tras los gestos de solidaridad hacia Cristina por parte de tres de los cuatro miembros del Mercosur y de dos de los tres países latinoamericanos del G20.

En paralelo, el Grupo de Puebla, a través del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia —liderado por la abogada brasileña Carol Proner y el ex juez español Baltasar Garzón—, encabeza una campaña internacional en respaldo a la ex mandataria. Según miembros del equipo jurídico de ese grupo, lo que está ocurriendo es “una persecución política evidente”, y ya está en marcha una presentación ante la CIDH.

También se está conformando el Comité por la Libertad de Cristina, similar al que impulsó la defensa internacional del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

En tanto, desde el PJ Nacional, han convocado a referentes con experiencia en relaciones exteriores para coordinar acciones con fuerzas políticas de la región. Además del PT y Morena, no se descarta incorporar a otros aliados internacionales, incluido el Partido Comunista de China, con el que el justicialismo mantiene vínculos institucionales.

Instancia internacional

Un abogado del entorno de Cristina explicó que, antes de llegar a la Corte Interamericana, deben agotarse todas las instancias dentro del sistema interamericano. La denuncia ante la CIDH puede presentarse como una petición individual por la propia Cristina, sus abogados o incluso una ONG.

Si el organismo acepta la presentación y detecta violaciones a los derechos humanos —como la falta de debido proceso—, puede emitir recomendaciones al Estado argentino. Si no se cumplen, el caso podría ser remitido a la Corte Interamericana.

Fallo no vinculante, pero lapidario

Aunque este tribunal no puede anular un fallo de la Corte Suprema argentina, sí puede declarar que se han vulnerado derechos fundamentales y sugerir medidas como la realización de un nuevo juicio o la restitución de derechos políticos.

Desde el gobierno reconocen el potencial impacto negativo que podría tener una resolución adversa de la Corte Interamericana, especialmente si se suma al reciente llamado de atención de la OEA por los ataques a la prensa.