La caída en la comercialización de remedios parece no tener piso. Los aumentos en las prepagas, que conlleva a que muchos se bajen por imposibilidad de pagarlos, y los ajustes en la Salud pública y obras sociales, un combo explosivo para la actual crisis social.

Es difícil encontrar un ejemplo más claro del embuste que fue la campaña de Javier Milei, como la promesa de que el ajuste lo iba a pagar la “casta” (los principales engranajes de la política) y no la población. En apenas dos meses de Gobierno, las medidas adoptadas por el equipo económico convocado por el Presidente libertario cayeron como un rayo ajustador sobre el sector más vulnerable de la población, atacando dos rubros clave para su mera supervivencia: l os alimentos y los medicamentos. En ambos casos, el aumento de precios que el Gobierno permitió a las empresas en ambos rubros sin restricciones, junto con el recorte de los programas de transferencia a los hogares de menores ingresos, está llevando a buena parte de la población al borde del precipicio. Lo que no toma en cuenta el gobierno de La Libertad Avanza es que antes de dar el paso al vacío, el acto reflejo es avanzar en la dirección contraria (de frente). Las interminables colas frente del Ministerio de Capital Humano en busca de alguna respuesta son la muestra de una lucha que recién comienza y nos interpela a diario.

En pocas semanas el Gobierno, con sus paquetes impopulares de ajustes y sus despliegues de represión a las protestas contra dichas medidas, dejó en evidencia que está dispuesto a enfrentar cualquier precio con tal de seguir con su política de loteo de negocios entre amigos y con la desaparición de la mayoría de la población del mapa político.

 Con un simple decreto de necesidad y urgencia liberó a las prepagas a fijar el precio que quieran a sus asociados y las empresas anunciaron desde entonces hasta marzo un aumento que implicará la duplicación de la cuota (aumento acumulado del 100 por ciento). Por su parte, pretende vía reforma laboral desfinanciar las obras sociales, cierra centros de atención y distribución de medicamentos –como busca también hacerlo con los alimentos—y desreguló la venta de remedios para particulares. En ese contexto, pretende congelar los salarios y ampliar los márgenes operativos de las grandes empresas, en particular de firmas extranjeras.

Hasta el año pasado los precios de los servicios de medicina privada estaban regulados por el Gobierno y mayormente los mismos se ajustaban por debajo de la inflación. El decreto del actual Gobierno no solo liberó los precios de salud sino de otros bienes y servicios, promulgando el libre mercado. A raíz de lo anterior, los usuarios de este servicio recibieron en sus facturas de enero incrementos de precio de un 40 por ciento en promedio, mientras que ya se anunciaron ajustes de más de un 30 por ciento en febrero y del 23 por ciento para marzo. Representa un aumento del 125 por ciento en apenas un trimestre, pese a que varios fallos judiciales en contra de los incrementos siguen con sentencia firme.

Actualmente, el precio de ingreso a una prepaga –para población sub 30 años— se encuentra entre los 40.0000 y los 60.000 pesos por mes por persona. El valor de cuota de una prepaga en Argentina varía dependiendo de la persona o grupo familiar (edad, necesidades, ubicación, estado de salud, etc.), llegando a superar los 100.000 pesos para un plan alto o por la condición del asociado. Con el congelamiento de los fondos, esos aumentos los asociados deben compensarlo en efectivo. Es decir, cuando los salarios buscan empardar la inflación, la parte que se transfiere por descuento a las obras sociales (el 3 por ciento del salario bruto) también aumenta, lo que no llega a compensar el aumento de la cuota pero lo amortiza. El problema es que con salarios que pierden estrepitosamente contra la inflación, esa ecuación se corrompe. Hoy el descuento sobre un salario de 1,5 millón de pesos (que implicaría unos 45.000 pesos) no alcanza para cubrir la total de la cuota de la mayoría de las prestatarias de medicina prepaga.